En una mañana de verano en Nueva Jersey, la pregunta no era solamente qué había en el agua, sino qué se había dejado allí. En pueblos construidos alrededor de fábricas, ríos, pozos y centros de trabajo, el pasado no permaneció enterrado. Se desplazó a través de las aguas subterráneas. Se asentó en el suelo. Acompañó a las familias desde el grifo hasta la mesa de la cocina, desde los presupuestos municipales hasta los tribunales, desde la promesa industrial hasta el costo para el público.
por Eddie Ruiz
Un juez federal aprobó dos importantes acuerdos ambientales que exigirán a 3M y a varias compañías relacionadas con DuPont pagar a Nueva Jersey hasta $1,325 millones durante los próximos 25 años. Además, las compañías relacionadas con DuPont seguirán siendo responsables de compromisos de remediación valorados en aproximadamente $1,200 millones. El valor combinado se acerca a los $2,500 millones, lo que convierte estos acuerdos en dos de las resoluciones ambientales más significativas en la historia del estado.
La jueza presidenta del Tribunal Federal de Distrito, Renée Marie Bumb, aprobó las órdenes judiciales de consentimiento después de casi seis años de litigio iniciado por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, su comisionado y el administrador del Fondo de Compensación por Derrames de Nueva Jersey.
Las demandas acusaban a las compañías de contaminar las tierras y aguas del estado con miles de sustancias químicas y materiales peligrosos. El litigio se centró principalmente en las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, mejor conocidas como PFAS.
Las PFAS son sustancias químicas sintéticas** que pueden desplazarse por el medioambiente, resistir la degradación natural y resultar difíciles y costosas de eliminar. El tribunal determinó que el PFOA, una de las sustancias PFAS más estudiadas, es tóxico incluso en concentraciones muy bajas y representa una grave amenaza para la salud pública a través del agua potable. Para los residentes, ese lenguaje jurídico se traduce en una preocupación mucho más práctica: si el agua que entra a sus hogares trae consigo consecuencias que ninguna familia puede ver, oler ni evitar fácilmente.**
Los sitios industriales en el centro del litigio
Los casos se centraron en cuatro sitios industriales: Chambers Works, en Pennsville y Carneys Point; Parlin, en el condado de Middlesex; Repauno, en el condado de Gloucester; y Pompton Lakes, en el condado de Passaic. Cada uno tenía su propia historia industrial.
Chambers Works operó durante más de 120 años. Parlin estuvo relacionado con la fabricación de algodón pólvora y, posteriormente, con la producción vinculada al teflón. Repauno fabricaba y almacenaba sustancias químicas industriales y explosivos. Pompton Lakes funcionó durante décadas como una planta de fabricación de explosivos y un sitio para la eliminación de desechos.
Por qué el tribunal aprobó los acuerdos
La opinión del tribunal describió el litigio como intenso y exhaustivo. Las partes intercambiaron más de un millón de documentos, realizaron más de 100 declaraciones juradas de testigos y expertos, y discutieron numerosas disputas relacionadas con el proceso de descubrimiento de pruebas. Cuando las negociaciones con los demandados relacionados con DuPont se estancaron, el tribunal aceleró el caso de Chambers Works.
Para mediados de junio de 2025, el estado y las compañías relacionadas con DuPont habían completado 12 días de juicio, escuchado el testimonio presencial de 28 testigos y presentado más de 150 pruebas documentales. Ese nivel de litigio es importante porque los acuerdos ambientales suelen evaluarse no solo por la cantidad de dinero involucrada, sino también por el proceso que condujo a ellos.
La jueza Bumb determinó que los acuerdos eran justos tanto en su procedimiento como en su contenido, razonables, compatibles con la ley y favorables al interés público. Destacó que se alcanzaron después de años de litigio entre partes contrarias, negociaciones supervisadas por un mediador experimentado, un periodo de notificación y comentarios públicos, y dos audiencias para evaluar la equidad de los acuerdos.
Cómo se utilizará el dinero de los acuerdos
Según los acuerdos, 3M pagará a Nueva Jersey entre $400 millones y $450 millones, lo que incluye fondos para compensar daños a los recursos naturales, mitigar la contaminación por PFAS y cubrir costos relacionados con el litigio. Los demandados relacionados con DuPont pagarán $875 millones durante un periodo de 25 años, incluidos:
- $225 millones por daños a los recursos naturales
- $525 millones para mitigar la contaminación
- $125 millones para costos, honorarios y daños punitivos
El acuerdo con DuPont también exige fuentes de financiamiento para la remediación, un fondo de reserva de $475 millones y obligaciones adicionales destinadas a garantizar que las labores de limpieza continúen, incluso si una de las partes responsables no cumple con sus deberes.
Para los residentes, la diferencia entre la compensación por daños a los recursos naturales y los fondos para mitigar la contaminación puede parecer técnica, pero es importante. La compensación por daños a los recursos naturales busca atender los perjuicios causados a los recursos del estado, incluidos la tierra, el agua, la vida silvestre, las fuentes de agua potable y el aire.
Los fondos para la mitigación están destinados a proteger la salud pública y el medioambiente mediante proyectos como el tratamiento del agua, las mejoras a la infraestructura y otros trabajos relacionados con la contaminación por PFAS.
El tribunal también examinó cómo se distribuirían y utilizarían los fondos de los acuerdos. La Constitución de Nueva Jersey exige que las cantidades recuperadas por daños a los recursos naturales se depositen en una cuenta especial y se utilicen para reparar, restaurar, reemplazar o proteger permanentemente los recursos dañados. La prioridad debe darse a la zona donde ocurrió el daño. El tribunal concluyó que los acuerdos cumplían con ese requisito.
Fondos para limpiar las PFAS y mejorar la infraestructura de agua
El estado también describió sus planes de depositar el dinero destinado a mitigar las PFAS en un Fondo de Mitigación de PFAS separado y permanente. Se espera que este fondo apoye proyectos para mejorar la calidad del agua a través del Banco de Agua de Nueva Jersey, incluidos préstamos sin intereses, préstamos a bajo interés y condonación del capital de algunos préstamos.
Se espera que las plantas públicas de tratamiento reciban al menos $150 millones en asistencia para mejorar la infraestructura relacionada con las PFAS. Otros $90 millones se destinarían a un fondo de acuerdos elegible, creado mediante una estipulación con los condados participantes.
Los fondos tienen el propósito de ayudar a los condados a investigar y remediar la contaminación por PFAS. Esos lugares son importantes porque la espuma contra incendios ha sido durante mucho tiempo una de las vías por las que las PFAS han contaminado el suelo y el agua.
Las objeciones municipales no detuvieron los acuerdos
El municipio de Carneys Point y Sayreville continuaron oponiéndose a los acuerdos. Plantearon objeciones relacionadas con la autoridad del estado, las reclamaciones municipales, asuntos constitucionales sobre la asignación de fondos y la manera en que se administrarían los recursos de los acuerdos.
La jueza Bumb rechazó esas objeciones. Determinó que el estado tenía autoridad para resolver las reclamaciones que presentó en sus funciones soberana, cuasisoberana, de parens patriae, de administrador de bienes públicos y reguladora.
Al mismo tiempo, aclaró que la orden no determina si todas las posibles reclamaciones municipales quedan impedidas. Si esas preguntas surgen, corresponderá a otros tribunales resolverlas en el contexto de disputas concretas.
Honorarios de abogados y el costo de los litigios ambientales complejos
El tribunal también aprobó aproximadamente $195.1 millones en honorarios para los abogados externos contratados por el estado. La solicitud se basó en la magnitud, complejidad y duración del litigio, que involucró asuntos ambientales novedosos, una extensa labor de expertos, plazos acelerados y demandados con abundantes recursos.
Quienes objetaron los acuerdos no cuestionaron la cantidad de los honorarios, y el tribunal determinó que era razonable conforme a las normas de Nueva Jersey sobre honorarios de contingencia.
Lo que los acuerdos significan para las comunidades de Nueva Jersey
La historia más amplia no trata solamente de pagos corporativos ni de doctrina jurídica. Trata de quién asume el costo cuando la actividad industrial deja daños a su paso. El tribunal volvió repetidamente a la idea de que todo acuerdo exige concesiones.
Nueva Jersey no recibió todo lo que posiblemente habría solicitado en un juicio. Las compañías no admitieron responsabilidad y las objeciones municipales no desaparecieron. Sin embargo, el tribunal concluyó que los acuerdos ofrecían medidas sustanciales y exigibles, a la vez que evitaban años adicionales de litigio incierto.
Ahí es donde la historia regresa al agua de aquella mañana. Un acuerdo escrito no limpia un pozo por sí solo. Una orden judicial no tranquiliza automáticamente a una madre o un padre frente al fregadero. Lo que importa ahora es si el dinero llega hasta donde se encuentra la contaminación ambiental, si los proyectos alcanzan a las comunidades que los necesitan y si la promesa hecha en un tribunal federal se vuelve visible en los lugares donde las familias viven, trabajan y abren el grifo.